La nueva política de promoción de empleo: iniciativas ante un escenario laboral complejo

La realidad a la que el gobierno entrante se enfrenta es por demás compleja: la situación laboral indudablemente trasciende el mercado (dimensión económica) y afecta la vida familiar, social y cultural. En este sentido, López Obrador y su equipo, deberán diseñar una política laboral que vaya más allá de la promoción del aumento de la productividad y el control de los salarios; deberán diseñar, implementar, controlar y dar seguimiento a una política integral, transversal y transformadora, que trascienda la ejecución de programas parciales y focalizados, con miras a que los trabajadores regresen al centro del discurso y de las políticas económicas y jurídicas.

Introducción

Durante las últimas cuatro décadas, de manera general, hemos sido testigos de modificaciones, transformaciones y del surgimiento de nuevas aproximaciones teóricas-conceptuales, definiciones y nociones como las del trabajo decente, trabajo de calidad, subcontratación, tercerización, flexibilización laboral, precariedad, precarización, informalidad y flexiseguridad, entre otras.

Estas modificaciones han ocurrido como parte de un proceso que inició durante la década de los ochenta del siglo xx, y que implicó transcurrir del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (isi), a uno que implementó prácticas neoliberales mediante la liberalización y la apertura financiera y comercial de la economía, lo que exacerbó particularidades (negativas) del mercado laboral (Padrón Innamorato y Gandini, 2018: 5).

Tras el quiebre de modelo de isi, el comportamiento del producto interno bruto (pib) fue pobre y errático: de 0.2% en la administración de Miguel de la Madrid, 3.9% en la de Salinas, 3.4% con Zedillo, 2.0% en la de Fox y 2.0% con Calderón.1 A pesar de la oportunidad que se otorgaba para el posible aprovechamiento del bono demográfico (estructura de población joven), la creación de empleo fracasó (Calva, 2012) y no se logró revertir la informalidad (ya sea disminuir los trabajos del sector informal de la economía o la cantidad de puestos de trabajo informales). El salario mínimo, a su vez, fue utilizado como ancla antiinflacionaria, por lo que perdió 71% de su poder adquisitivo entre 1983 y 2010. La constante de este modelo ha sido la dificultad para garantizar acceso al empleo, sumado al incremento de la precariedad de las condiciones de quienes logran obtener uno (Padrón Innamorato y Gandini, 2018: 5).

Además de los cambios significativos en los indicadores económicos y laborales, la alteración del modelo desvirtuó los vínculos laborales, provocando que sus relaciones, hasta ese momento “típicas”, se diluyeran bajo modalidades de subordinación encubierta. La flexibilidad productiva y la deslocalización del proceso de trabajo generaron nuevas relaciones entre empleadores y empleados; de esta manera, el asalariado dejó de ser sujeto de derechos emergiendo en su lugar, una multiplicidad heterogénea de sujetos de derecho, en virtud de que los grupos poblacionales que conforman la mano de obra (hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, trabajadores migrantes y otros), se diversificaron (Padrón Innamorato y Gandini, 2018: 7).

Cuando la estabilidad no es un buen síntoma

Aunque en los últimos años los rasgos, características y particularidades del escenario laboral no han cambiado notoriamente según las cifras e indicadores globales (cuadro 1), paradójicamente es posible advertir un deterioro que no ha podido revertirse. Y aunque al menos desde 2005 aproximadamente, seis de cada diez personas de 15 años y más son económicamente activas y la gran mayoría tiene trabajo, no está en huelga o a la espera de incorporarse o ser llamada a trabajar, o no se encuentra buscando un empleo, su ocupación ocurre en condiciones desfavorables.

Cuadro 1. México. Indicadores seleccionados de ocupación y empleo, segundo trimestre de 2005 y 2018

*Tasa de subocupación: se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo que el que su ocupación actual le demanda.
**Tasa de ocupación parcial y desocupación: considera a la población desocupada y a la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana.
***Tasa de presión general: incluye, además de los desocupados, a los ocupados que buscan empleo, por lo que da una medida global de la competencia por plazas de trabajo, que se conforma no solamente por los que quieren trabajar sino por los que teniendo un empleo quieren cambiarlo, o también por los que buscan un empleo extra.
****Tasa de condiciones críticas: abarca a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, además de las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005 y 2108. inegi.

Algunos datos que ejemplifican lo anterior, indican que del total de la población ocupada a julio de 2018, 16.1% laboraba menos de 35 horas semanales o más de 48 (por razones ajenas a ellos/ellas), los/las del primer grupo obtuvieron un ingreso menor al salario mínimo y los/las del segundo recibieron máximo dos salarios mínimos (inegi, 2018). El porcentaje de población que señaló estar disponible y tener la necesidad de ofertar más tiempo de trabajo del que tenía en su actual ocupación fue de 6.8%.

Otro dato que evidencia las condiciones actuales de la situación laboral en México es que de cada 100 ocupados/as, 57 trabajaron en micronegocios no registrados, no señalaron el tipo de su fuente de trabajo o el tipo de empleador, estaban laborando por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, o se ocuparon en trabajos sin ninguna protección social (inegi, 2018): los llamados “informales”.

Remitiéndonos a las cifras, la problemática laboral mexicana tiene que ver, principalmente, con las características y malas condiciones de los empleos a los que la población tiene acceso, y no tanto con una desocupación de grandes magnitudes. No obstante, la desocupación no deja de ser un problema de carácter laboral, que debe revisarse. Durante los últimos 13 años, se ubicó en torno a 3%, alcanzando su mayor peso en 2009 y 2010 (5.2% y 5.3% respectivamente), regresando poco a poco a 3.5%, que es la cifra más reciente que disponemos. Es importante resaltar que la desocupación se concentra en la población joven y en la más escolarizada (gráfica 1).

Gráfica 1. Tasa de desocupación por edad y nivel de escolaridad, México 2005 y 2018

Fuente: cálculos basados en consulta general en línea, inegi, 2005 y 2018.

En 2005, las cifras indican que del total de los desocupados 40.7% tenía entre 15 y 24 años de edad; para 2018 la cifra descendió a 36.1%. Aún con este decremento, los jóvenes son uno de los grupos más vulnerables en el terreno laboral; de ellos, los más escolarizados se encuentran en peor situación (cuadro 2).

Cuadro 2. México. Indicadores laborales de la población de 15 a 29 años, segundo trimestre de 2005 y 2018

Fuente: cálculos basados en consulta general en línea, inegi, 2005 y 2018.

El nuevo gobierno y sus propuestas en materia laboral

Ocurridas las elecciones del 1 de julio de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho públicas una serie de propuestas en materia laboral, entre las que se pueden destacar, principalmente, la de garantizar la democracia sindical, incrementar el salario mínimo al menos a $100.00, (de $88.36 que es hoy en día), crear programas específicos para las y los jóvenes y, en conjunto, lograr que prevalezca el estado de derecho (Proceso, 2018; Rendón, 2018).

En este sentido, y después de casi 70 años de su promulgación, México ratificó en septiembre de 2018 el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (adoptado en Ginebra en 1949), mismo que promueve el fortalecimiento de la contratación colectiva, decente y auténtica. Este instrumento internacional puede entenderse como una vía plausible para mejorar las condiciones de las y los trabajadores, quienes por derecho sindical podrán obtener mejores salarios y mejores derechos laborales (Proceso, 2018), aunque habrá que esperar la manera como estas recomendaciones se implementarán, mediante leyes secundarias y nuevos diseños institucionales. Es cierto, también, que la realidad de nuestro país habla de que hoy en día más de la mitad de la población no está inserta en un empleo que le ofrezca un apoyo sindical, por lo que, aun mejorando el trabajo de los ocupados en grandes empresas con la presencia sindical, muchos trabajadores no se verían beneficiados.

Otra iniciativa presentada por el nuevo equipo de gobierno va dirigida a los jóvenes, quienes sin duda, y como se ha mencionado líneas arriba, representan una población con particularidades y condiciones menos favorables en comparación con la población adulta y que, además, ha estado ausente de programas específicos integrales relativos a la inserción laboral de calidad.

La población joven presenta actualmente los mayores niveles de escolaridad registrados históricamente, tiene acceso a la tecnología y a medios para adquirir saberes de una forma progresiva (Hernández Laos, 2012). Sin embargo, ha alcanzado también los niveles de desempleo más altos, se enfrenta a grandes retos para insertarse o permanecer en el sistema educativo, sobre todo conforme va avanzando en escalones formativos (cuadro 2); y, por si esto fuera poco, es en este grupo donde se manifiestan los mayores índices de violencia, sea como víctimas o victimarios. Todo lo anterior los ubica en una posición de mayor riesgo, vulnerabilidad y/o vulneración.

La propuesta hecha por el nuevo gobierno tiene como uno de sus ejes rectores garantizar el derecho de los jóvenes mexicanos al estudio y al trabajo; en este sentido, se promoverá    —mediante el programa “Jóvenes construyendo el futuro” (Proceso, 2018)— el apoyo a 2’300,000 jóvenes que recibirán un sueldo de $3,600.00 mensuales, además de capacitación en talleres, empresas, comercios y distintas actividades productivas en áreas rurales o urbanas, con el objeto de vincularlos al mercado laboral (Montalvo, 2018).

Se trata de una propuesta alentadora que repercutirá positivamente en los y las jóvenes con escasa escolaridad. Sin embargo, más de una tercera parte de quienes tienen entre 15 y 24 años reportaron en julio de 2018 estar desocupados; las tasas respectivas afectaron, como hemos señalado, mayoritariamente a los más escolarizados; es decir, a quienes no requieren seguir capacitándose. Quizá ellos/ellas no vean en un programa de estas características un apoyo real a sus necesidades laborales, sobre todo si este programa no va acompañado de medidas de cambios estructurales. Los resultados pudieran, entonces, ser poco efectivos y poco duraderos.

A manera de una reflexión final

La realidad a la que el gobierno entrante se enfrenta es por demás compleja: la situación laboral indudablemente trasciende el mercado (dimensión económica) y afecta la vida familiar, social y cultural. En este sentido, López Obrador y su equipo, deberán diseñar una política laboral que vaya más allá de la promoción del aumento de la productividad y el control de los salarios; deberán diseñar, implementar, controlar y dar seguimiento a una política integral, transversal y transformadora, que trascienda la ejecución de programas parciales y focalizados, con miras a que los trabajadores regresen al centro del discurso y de las políticas económicas y jurídicas.

Parecería, hasta el momento de redactar este trabajo, que las propuestas del nuevo gobierno siguen siendo parciales, de corto plazo y limitadas, por lo cual debe considerarse la imperiosa necesidad de una reconfiguración de las relaciones empleado-empleador, haciendo que los trabajadores empiecen a “ganar” o por lo menos no sigan “perdiendo” como ha venido ocurriendo desde hace ya varias décadas.

Notas

1 Véase: economia.com.mx, con datos de: Encadenamiento de Series Históricas del Producto Interno Bruto de México 1970-2001, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión. Censos de población y serie del pib a precios constantes base 1993 del inegi.

Referencias

Calva, J.L. (Coord.) (2012),
Políticas de educación, ciencia, tecnología y competitividad, México, Consejo Nacional de Universitarios.

Hernández Laos, E. (Coord.) (2012),
Mercado laboral de profesionistas en México. Diagnóstico (2000-2009) y prospectiva (2010-2020), México, anuies.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inegi (2018),
Indicadores de ocupación y empleo, cifras oportunas durante julio de 2018. Comunicado de prensa número 395/18. 28 de agosto de 2018, México, inegi.

Montalvo, A. (2018),
“Las propuestas económicas de López Obrador”, entrevista en El  Economista, 21 de junio de 2018, México, última consulta: https://www.eleconomista.com.mx/politica/las-propuestas-economicas-de-Lopez-Obrador-20180131-0095.html.

Padrón Innamorato, M. y L. Gandini (2018),
“Apuntes introductorios para (re)pensar los estudios sobre mercados laborales desde el enfoque de derechos. Una aproximación desde el caso mexicano”, en Padrón Innamorato, M., N. D’Angelo, F. Mancini y L. Gandini (Coords.). Trabajo y derechos en México. Nuevas afectaciones a la ciudadanía laboral, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Proceso, (2018),
“La apuesta laboral estará en los jóvenes”, Entrevista hecha por Rosalía Vergara, Proceso, publicado el 2 de septiembre de 2018, en la edición 2183, México, disponible en: https://www.proceso.com.mx/549710/la-apuesta-laboral-estara-en-los-jovenes-habra-garantias-a-la-democracia-sindical-alcalde.

Rendón, P. (2018),
“Las siete propuestas en el sector laboral de amlo”, entrevista disponible en: https://www.mejoresempleos.com.mx/articulos/las-7-propuestas-en-el-sector-laboral-de-amlo/.

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Emma Liliana Navarrete López* / Mauricio Padrón Innamorato**

*El Colegio Mexiquense A.C. | enavarr@cmq.edu.mx
**Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM | mauriciopadron@gmail.com